A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior de Popayán y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En este caso se constató que solo se configuró un conflicto aparente, porque la Corporación de Popayán determinó que no era competente para conocer el proceso, en atención a lo dispuesto en las reglas de reparto de tutela masiva del Decreto 1834 de 2015.

Con base en dicha consideración, decidió remitir el expediente a la otra Corporación, quien a su turno determinó que, pese a haber avocado y acumulado varias acciones en razón de su identidad, no era viable asumir el conocimiento de la actual por falta de competencia territorial.

Justificó su decisión n el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991.

La Corte considera que el Tribunal Superior de Popayán no realizó una verificación pormenorizada de la identidad de causa y objeto entre la acción de tutela interpuesta en esta ocasión y la primigenia avocada por el Tribunal Administrativo del Valle, sino que únicamente atendió una valoración genérica consultada en la Oficina Judicial de Cali, sin ninguna constancia que evidenciara con claridad la coincidencia de dichas características.

Se insiste que, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional, la autoridad judicial debe cumplir con la carga argumentativa correspondiente, de forma que señale con “rigor demostrativo y coherencia”, los motivos por los cuales se encontraban satisfechos los requisitos que permiten acumular una acción de amparo con base en las reglas de tutela masiva.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente al despacho del magistrado Jesús Alberto Gómez Gómez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Segunda de Decisión Penal para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.